Dirección General de Transparencia y Prevención de la Corrupción (DTPC)
La DGTPC es el órgano responsable de promover las políticas y su ejecución, en lo que se refiere a la transparencia, integridad y prevención en la lucha contra la corrupción, construyendo un estado moderno, transparente, responsable, eficiente, eficaz, competitivo con la capacidad institucional fortalecida para impulsar la transparencia y lucha contra la corrupción.
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE)
Ley de Contratación del Estado ARTÍCULO 30.- Oficina Normativa. Créase la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones, como un órgano técnico y consultivo del Estado que tendrá la responsabilidad de dictar normas e instructivos de carácter general para desarrollar o mejorar los sistemas de contratación administrativa en sus aspectos operacionales, técnicos y económicos, así como, la prestación de asesoría y la coordinación de actividades que orienten y sistematicen los procesos de contratación del sector público.
ONADICI
La Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), le da la bienvenida a nuestra plataforma web, esperamos encuentre toda la información que necesita acerca de nosotros.
Usted podrá encontrar de una manera ágil y directa, noticias de la ONADICI, nuestra normativa legal, metodologías de trabajo y formatos para la elaboración de productos de control interno utilizados por los Comités de Control Interno y las Unidades de Auditoría Interna de las Instituciones Públicas del Estado de Honduras.
Escuela de Buen Gobierno
Mediante la creación de la Escuela de Buen Gobierno,EBG ; se busca formar y capacitar los empleados públicos en las buenas prácticas de transparencia, anticorrupción y ética, además en áreas de República Digital, modernización y simplificación administrativa.

Dirección General de Modernización Administrativa
Es la responsable del diseño, promoción, coordinación, supervisión y evaluación de las políticas, estrategias y programas de modernización, que permitan optimizar la gestión pública, con apego a las reglas de la sana y buena administración para evitar arbitrariedades en el ejercicio de las funciones públicas y permitir un mayor y efectivo control de la corrupción.